Hace poco más de 20 años, ser homosexual en Ecuador
era delito. Y hace 10 años, más o menos, se conoció el caso de una mujer lesbiana,
internada contra su voluntad en un centro de adicciones que ofrecía terapias de
reconversión sexual.
Dicho de otro modo, afirmaba “curar” la
homosexualidad. Ese caso no fue el primero, pero sí resultó ser el más
emblemático que salió a la luz en ese
entonces. La mujer pasó dos años en el centro “Puente a la Vida”, donde sufrió
una serie de vejámenes sexuales y torturas. Los colectivos y organizaciones
LGBTIQ exigieron respuestas al Estado, que solo hizo algunos ajustes a la
normativa para impedir que estos centros internen a personas de orientación
sexual diferente. Aunque, a decir de algunos colectivos, la medida era dudosa e
insuficiente. Luego, con la presencia de una activista por los derechos LFBTIQ
como ministra de salud, el Estado implementó una serie de procedimientos
institucionales y fortaleció sus mecanismos de regulación para afrontar esta
problemática. El despliegue de un importante cuerpo intersectorial (varias
instituciones públicas) ocurrido entre el 2013 y 2015, reveló una larga lista
de vulneraciones a los derechos humanos cometidos den los centros de adicciones
y, en particular, hacia las personas LGBTIQ.
Pero, pese a este hecho significativo y sui géneris,
la justicia dejó serios vacíos. Un ejemplo es “Puente de Vida” ya que nunca
tuvo una sentencia en firme, pasó al olvido bajo el manto de impunidad del
Estado. Este es uno de los tres casos emblemáticos que, por su alto impacto
mediático, no tuvo una medida efectiva y ejemplificadora. El segundo fue el de
una mujer guayaquileña que terminó en un centro de adicciones en El Tena
(Napo). Ella, en aquel entonces estudiante universitaria, denunció públicamente
lo sufrido. El caso movilizó al Estado y se pudo identificar, además que el
terreno donde funcionó el centro clandestino pertenecía a una comisaria de
salud (Ministerio de Salud). Es decir,
la autoridad que debía justamente evitar que este tipo de centro s y supuestos
tratamientos funcionen en el país. Un tercer hecho ocurrió con otra
mujer lesbiana quien fue llevada a un centro de adicciones en Manabí. El
caso también produjo reacciones inmediatas y se llegó a conocer que se trataba
de la hermana de un entonces asambleísta alterno de Alianza PAIS, un partido político que gobernó 10 años en
Ecuador.
Aunque un caso sí tuvo una respuesta judicial. De
acuerdo a la investigación realizada, el Consejo de la Judicatura entregó un alista
de seis casos de deshomosexualización que se presentaron bajo la figura de “tortura”
o “delito de odio”. La información provino de la Dirección de Gestión Procesal
de la Fiscalía General del Estado. De los Seis, uno de ellos tiene la sentencia
de la Fiscalía Provincial de Napo, emitida por el Tribunal de Garantías Penales
de dicha provincia: 10 días de prisión correccional y el pago de multa de 6
dólares. Además, con fecha 23 de 2015, los jueces declararon prescrita la pena.
El taller de Comunicación de la Mujer (TCM) abre el camino para hacernos la interrogante
si la “deshomosexualización” dejó de ser un problema. Desde el Estado, se puede
pensar que estas “clínicas” ya no existen y que las normativas han sido
eficaces, tanto en la regulación como en el control. De hecho, es una de las
afirmaciones que pude obtener cuando
realicé este trabajo periodístico.
Pero, la impunidad del Estado tiene que verse también
con los requerimientos que hacen organismos internacionales como el Comité
contra la Tortura de las Naciones Unidas o el Comité de Derechos Humanos. Ambas
instancias reclaman al estado ecuatoriano información sobre las acciones de
carácter penal que se hayan desplegado o
si la justicia determino alguna condena.
De hecho, desde el propio escenario nacional se puede
plantear esa misma inquietud. Un informe Técnico del Ministerio generado por la
Dirección Nacional de derechos Humanos, Género e inclusión del Ministerio de Salud (junio, 2016) señala
que desde el 2013 hasta el 2015 hubo alrededor de 290 operativos de control a
los centros de adicciones. Del total, 18 centros tuvieron procesos de sanción administrativa y
4 casos relacionados con vulneración de derechos humanos.
Si bien se indica que estos fueron referidos a la institución
competente para su judicialización, nunca se pudo conocer qué fin tuvieron.
¿Impero la impunidad del estado en los casos de “deshomosexualización”?
Carlos E. Flores.
