Falta de políticas públicas para un real ejercicio de la igualdad y testimonios de cómo la sociedad ecuatoriana pone en manifiesto discursos de odio o discriminación en el trato diario con esta población son algunos de los resultados presentados en el ‘Informe anual sobre Derechos Humanos de las personas lesbiana, gays, bisexuales, trans e intersexual en el Ecuador’.
“Este informe es un reflejo de la realidad y la necesidad de seguir peleando por espacios y derechos, además de ser un jalón a la consciencia de la población que no es LGBTI de que todavía es necesario hacer cambios”.
Fotografía: Paola Paredes
CASOS.
“Me contrataron para decorar una iglesia y al final no me dejaron entrar por ser homosexual”, es uno de los textos narrados en el informe.
“De muy pequeña yo le dije a mi mamá que me gustaban las chicas, ella me dijo que ya se me iba a pasar y me buscó un novio. Al tiempo me hizo casar con ese chico y tuvimos una hija(…) un día le dije a mi mamá que me quería separar de él y ella se lo dijo a mi esposo, ambos me quitaron a mi hija y me golpearon”, relata otro de los testimonios.
Estas confesiones, según Cordero, dan muestra de cómo la sociedad ecuatoriana continúa perpetuando sus discursos de discriminación, sus actos de violencia, insensibilización y sus odios protegidos por la cultura, religión y una sociedad patriarcal.
“Esta población está altamente vulnerable no solo por situaciones de riesgos de violencia, sino por las condiciones sociales que les rodean, ya sea el bulliyng escolar o en sus casas”, argumentó.
Para este informe se levantaron 98 fichas de casos en siete provincias del país, donde se evidencian situaciones reales de vulneración, ocurridas durante el año 2016.
Otro caso de una situación vivida por un miembro de esta población relata que “desde que mi familia sabe mi orientación sexual me discriminan por ser transexual (…) me han agredido y utilizan palabras groseras, a veces no me abren la puerta y dicen que me debo morir”.
VULNERACIÓN.
Con los resultados de este informe, se evidencia que el Estado ecuatoriano no cumple con los principios detallados en el documento de Yogyakarta, el cual aborda sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos, en relación con la orientación sexual y la identidad de género.
De igual forma, este informe refleja la falta de implementación de mecanismos, políticas o estrategias, por ejemplo, el sistema de salud aún tiene vacíos en los protocolos de atención para la población trans o para mujeres lesbianas.
Pero no solo este documento revela la discriminación, sino además el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en su estudio titulado ‘Investigación sobre Condiciones de Vida, Inclusión Social y Derechos Humanos de la Población LGBTI en Ecuador’, publicado en 2013, señala que el 50,5 por ciento de esta población sufre de discriminación en espacios privados y un 55,8 por ciento en espacios públicos.
También, este mismo estudio muestra cifras de exclusión, alcanzando un 71,4 por ciento en espacios privados, 60,8 en públicos.
Jenny Ochoa, presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, comentó que “todavía hay profesionales del derecho que son insensibles, pese a que la labor de los jueces es de ser garantistas y humanistas”.
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