¿Existe en Ecuador una organización o persona que
represente a la comunidad Lgbti?
¿Quién otorga ese derecho? ¿Quién debe asumirlo?
¿Basta la realización de una asamblea para formar una Federación de Organizaciones Lgbti?
¿Quién otorga ese derecho? ¿Quién debe asumirlo?
¿Basta la realización de una asamblea para formar una Federación de Organizaciones Lgbti?
Varias preguntas me asaltan al respecto, luego de haber
escuchado una entrevista que le hiciera la periodista Janeth Hinostroza al
activista transgénero Giovy Jaramillo, quien afirma la existencia de tal
federación mientras replica un pronunciamiento de otra activista, Pamela Troya,
con respecto a la positiva labor que los periodistas llevan a cabo al
amplificar las demandas de la diversidad sexual.
Para Jaramillo el trabajo de los colectivos tiene una
historia de más de 20 años. Y es verdad. La lucha empezó desde antes de la
despenalización de la homosexualidad (1997) y fue liderada principalmente por
poblaciones trans.
No empezó ni ayer, ni hace dos o tres años con la
campaña del Matrimonio Civil Igualitario que abandera Troya. Conozco a los dos
activistas. Con ambos he compartido momentos de trabajo. Creo, sin embargo, que
ninguno representa a los grupos en cuestión.
Cada uno, como tantos otros que hay en el Ecuador, ha
luchado en su momento (y lo siguen haciendo) en pos de sus demandas, pues los
mandantes de turno, a pesar de haber aceptado algunos derechos (nada es
gratuito, ante los cambios históricos a favor de las personas sexualmente
diversas que han sucedido en la región y en gran parte del Planeta en las
últimas décadas, ningún Estado puede cerrar los ojos), no han conseguido ser
equitativos.
En temas de género y sexualidad ha pesado la balanza
conservadora judeocristiana. Sobre todo en el Gobierno, que ha tenido que
encarar las mayores demandas. Los activistas en cuestión, y otros que han
copado los medios en el último lustro, trabajan también por sus intereses
personales. No solo por aquellos del sector al cual pertenecen. Sobre todo
quienes se encuentran muy apegados a este oficialismo (¿paradójico, no?),
olvidándose que es fundamental encontrar puntos en común para que las
necesidades de todas las personas vulneradas sean solventadas.
Pedro Artieda
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